Hasta casi 40 entidades y plataformas remitiremos 2 Cartas Abierta a los responsables de la Comisión Europea y los 3 proyectos financiados por ésta. 

 

Trece plataformas integradas en la red ibérica contra las minas junto con otras 25 entidades que participan el las mismas han expresado a través de dos Cartas Abiertas su indignación y preocupación por las informaciones sobre varios proyectos europeos. Estos proyectos están financiados con fondos del programa Horizonte 2020 y no sólo han supuesto un apoyo a proyectos destructivos y contaminantes sino que han implicado la investigación de las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas opuestas a tales proyectos.

Los tres proyectos denunciados recibieron más de 10 millones de euros de la UE

Las plataformas han dirigido sus misivas públicas a los responsables de los proyectos europeos MIREU (Mining and Metallurgy Regions of EU), NEXT (New Exploration Technologies) e iTARG3T (Innovative targeting & processing of W-Sn-Ta-Li ores), así como a la Comisión Europea, que los ha financiado con más de 10 millones de euros. Los tres proyectos incluían contenidos de lo que el sector minero denomina “Licencia Social para Operar”, que hace referencia a las tácticas utilizadas por las empresas para minimizar o destruir la oposición social a proyectos mineros destructivos y contaminantes.

Esto ha implicado la investigación, compilación y/o análisis de información sobre grupos que se oponen a diferentes proyectos mineros, en todos los casos totalmente a espaldas de las comunidades y plataformas afectadas, y con la colaboración o participación de agencias e instituciones públicas.

En el proyecto MIREU, esta investigación ha implicado precisamente a las administraciones públicas de Andalucía, Aragón y Castilla y León que deben decidir sobre los proyectos mineros responsables por los conflictos, mientras que en los otros dos proyectos participa la Agencia estatal CSIC y la empresa Valoriza Minería del grupo SACYR.

Entre la documentación sacada a la luz, se ha llegado a apreciar incluso un lenguaje y tono despectivo usado en varias referencias a las plataformas y entidades denunciantes, evidenciando una postura pro-minería en todo momento.

Quienes suscribimos estas cartas lamentamos que las administraciones públicas, que debiendo mantener imparcialidad en sus procesos de análisis, revisión y concesión de proyectos mineros de empresas privadas estén demostrando dejar bastante en entredicho esa imparcialidad e incluso apoyando tácitamente a estas últimas usando fondos públicos para estos proyectos de dudosa legalidad.

Están implicados los gobiernos de Andalucía, Castilla y León y Andalucía, así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Las Cartas Abiertas piden que se dé acceso a las plataformas firmantes de toda la información que se hubiese compilado sobre ellas (u otras posibles afectadas), y que en el caso del proyecto MIREU afecta a por los menos 25 casos de estudio de toda la península ibérica. Se pide además a la Comisión Europea que audite estos proyectos y cese la financiación a este tipo de iniciativas.

Desde las plataformas se considera que, dado que dichos estudios se han realizado sin el conocimiento ni consentimiento de los movimientos y comunidades afectados, estos tergiversan la naturaleza, tanto de nuestros movimientos ciudadanos, como de los propios conflictos.

Estos conflictos se han generado precisamente debido a la incapacidad de las autoridades locales, nacionales y europeas de recoger y reaccionar de acuerdo al sentir de las poblaciones afectadas por nuevos proyectos mineros. En el origen de los conflictos también está la amplia evidencia sobre impactos negativos y la necesidad de cumplimiento de la legislación ambiental europea.

CARTAS ENVIADAS A LA COMISION EUROPEA:

Carta_abierta MIREU || Carta_abierta NEXT_itarg3t