El Gobierno extremeño pone en marcha un ‘decretazo’ con medidas urgentes para activar la economía donde algunas podrían hasta incurrir en inconstitucionalidad.

Firmado este Decreto Ley 12/2010 por la Consejería de Hacienda y administraciones públicas de la Junta de Extremadura el viernes 19 de junio, era publicado de forma fulgurante durante el fin de semana, tan sólo unas horas despues, el sábado dia 20 en el D.O.E. (boletín autonómico) de forma totalmente extraordinaria, fuera de horario oficial y lo mas llamativo: sin ser sometido a ningún mecanismo de control o supervisión ni de votación.

Este Decreto, que además entra en vigor en el mismo momento de la publicación, pone en marcha unas medidas urgentes con el fin de intentar activar la economía. En su contenido se da vida a algunas medidas que abarcan varios sectores laborales de la región autonómica siendo el primero, el de la actividad empresarial el mas controvertido.

En una redacción con ciertas fallas o inconsistencias como la enumeración correcta de las medidas, se pueden ver recogidas las siguientes acciones:

• Capítulo I se recogen medidas de impulso para facilitar la actividad empresarial.
• Capítulo II, destinado a establecimientos comerciales radicados en la región, la posibilidad de permanecer abiertos al público durante los días no hábiles a efectos comerciales.
• Capítulo III se adoptan medidas en materia de denominaciones de origen, agraria y de espectáculos públicos.
• Capítulo IV se recogen medidas en materia de transporte.
• Capítulo V se incluyen medidas en materia de oficinas de atención ciudadana y registro.
• Capítulo VI se contempla la realidad de la gestión de los contratos menores, que exige ampliar los supuestos de no exigencia de tres presupuestos a otras circunstancias diferentes a la existencia de un único empresario.

En lo que respecta a las medidas del Capitulo I concerniente a actividad industrial, se apuesta fuertemente por la industrialización y para ello se recupera una serie de ideas que se pretendieron añadir y que figuraba en el borrador de elaboración de la conocida como “ley LOTUS” sobre urbanismo; desestimadas entonces al ser sometidas a los agentes sociales y al parlamento autonómico.

En su momento, aquellas medidas de industrialización suscitó polémica por cuanto significaban en su aplicación y en las formas que pretendían, contravenir el derecho de propiedad privada, derecho a ser informada la ciudadanía y en su caso presentar alegaciones; la vulneración de varias normativas medioambientales y el amparo contemplado en otras normativas de ámbito superior.

Ahora, con la ‘urgencia económica’ excusada en la crisis santiaria de la COVID-19 se viene a introducir tal como se pretendió en el pasado y presuntamente con algunas licencias mas que en su ejecución podrían vulnerar, a parte de algunas causas ya citadas en el anterior párrafo, una supuesta anulación de competencias de ayuntamientos recogidas y amparadas en la Constitución Española y otras medidas polémicas que contradicen normativas de ámbito superior.

PROFUNDA PREOCUPACIÓN

La puesta en marcha de esta ley genera una seria preocupación en varios agentes sociales como son las plataformas y asociaciones que velan contra la destrucción de ecosistemas, contra la degradación del territorio y de la calidad y salud de las personas.

En estas medidas impuestas sin consenso, preocupa mucho, por las formas y por la postura adoptada por el gobierno autonómico, en el que pareciese que toda protección al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas pueda verse amenazado por una plusvalía económica y laboral caduca, contaminante e insostenible ya en su concepción de actividad económica.

El hecho de ver el rumbo que ha tomado esta administración obliga a unir fuerzas, redoblar mas si cabe la vigilancia de cada movimiento político e industrial, recurrir a la denuncia pública, social y cuantas medidas legales y jurídicas puedan ponerse en marcha para que la actividad industrial contaminante no se asiente ni perpetúe mas.